El Consejo de Estado deberá definir en los próximos meses el destino del laudo arbitral proferido el pasado 6 de agosto de 2019 y que, además, le puso fin a las controversias surgidas entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Ruta del Sol, por el contrato No. 001 de 2010, que corresponde al proyecto de Concesión de la Ruta del Sol en su segundo tramo.

El referido laudo, proferido por un Tribunal de Arbitraje, declaró la nulidad absoluta del contrato de concesión por haber encontrado pruebas de corrupción por parte de dos de las firmas que tenían participación en la sociedad Concesionaria Ruta del Sol 2. 

Así mismo, se dispuso que la ANI deberá pagar a la concesionaria la suma de $211,273 millones y no la cifra cercana a los $1,9 billones que se estipulaba. Lo anterior, representa un ahorro y triunfo para la Nación de más de $1,7 billones respecto a lo pretendido por Odebrecht y los bancos financiadores. (Esta suma corresponde a la parte de la obra que fue ejecutada por la concesionaria y que, a la fecha de terminación del contrato, no había sido pagada por la ANI).  

En oposición, la concesionaria, sus respectivos socios (Odebrecht y Epispol) y los bancos financiadores, interpusieron ante el Consejo de Estado un recurso de anulación en contra del laudo arbitral, el cual está en el despacho de la Magistrada de la Sección Tercera de la Corporación, María Adriana Marín.  

“Este recurso no cabe por temas de fondo, puesto que no pueden cuestionarse ni la interpretación y aplicación del derecho por parte de los árbitros, como tampoco la valoración que hagan de las pruebas. Adicional, los implicados en el proceso arbitral gozaron de amplias oportunidades de defensa”, comentó Henry Sanabria Santos, socio de Sanabria y Andrade Abogados, firma encargada de la defensa de la ANI, respaldada por la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Por otro lado, varios de los intervinientes que formularon este recurso, interpusieron simultáneamente acciones de tutela, alegando la violación del debido proceso y del derecho de defensa, las cuales deberán ser resueltas por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Además, también, la organización Odebrecht ha instaurado una segunda demanda arbitral contra el Estado, esta vez de carácter internacional, ante el centro de arbitraje de Cámara de Comercio Internacional de París.

Como consecuencia, será el Consejo de Estado en el ámbito nacional, el que se encargará de decidir si el laudo arbitral en el que resultó vencedor el Estado colombiano sigue en firme o si, por el contrario, es anulado. En todo caso, Colombia también deberá defenderse en los arbitrajes internacionales, lo cual está haciendo a través de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.